Comunicado elaborado en nuestra comida anual de amistad celebrada el aniversario de la puesta en marcha en Asturias del Tren de la Libertad.
Las promotoras del Tren de la Libertad compartimos la preocupación de tantos grupos y colectivos de mujeres; por ello señalamos que la voz de las mujeres se ahoga en la burocracia, la apatía del gobierno, y los prejuicios.
Decidir nos hace libres. Por eso hemos decidido, hace ya mucho tiempo, no ser indiferentes ante la desigualdad de las mujeres. Ni ante el recorte de derechos y libertades. Ni ante la violencia de género.
No somos indiferentes y queremos pedirte que tampoco tú, mujer u hombre, lo seas. No somos indiferentes ante las dolorosas señales de alarma que apuntan hacia un peligroso retroceso en la lucha contra la violencia de género.
No somos indiferentes, y por eso vemos con preocupación que la voz de las mujeres que denuncian situaciones de maltrato vuelve a verse ahogada por la maquinaría administrativa, la despreocupación del Gobierno de España y los prejuicios que llevan a juzgar a las víctimas antes de protegerlas.
Señalamos que la Ley Orgánica contra la Violencia de Género se conjugó con tres verbos: proteger, prevenir y condenar. Y que estableció que la primera obligación de las instituciones, en casos de violencia de género, es proporcionar protección a las víctimas.
Proclamamos que, si no se proporciona protección a las mujeres víctimas de maltrato, es imposible prevenir, no sólo la violencia contra las mujeres que denuncian, sino contra todas las que no han denunciado.
Advertimos que las consecuencias de la falta de protección son a veces tan dramáticas que hacen desvanecer los efectos de las condenas.
Es duro hablar, en el siglo XXI, en un país democrático, de falta de protección, pero es necesario. En nuestro país, pionero por su legislación para luchar contra la violencia de género, impulsor de la orden de protección en el ámbito de la UE, las denuncias por violencia de género disminuyen. Las denuncias, no la violencia.
Las órdenes de protección acordadas por los juzgados han disminuido muy significativamente. El número de solicitudes de órdenes de protección que son rechazadas, aumenta.
También han disminuido de manera preocupante los informes de riesgo alto y medio elaborados por la policía. Y no han cambiado los maltratadores, lo que ha cambiado es el criterio de valoración del riesgo que aplica la polícía.
Las mujeres asesinadas han aumentado en el año 2014, pero, sobre todo, se ha incrementado el número de mujeres asesinadas que había interpuesto una denuncia.
Asistimos a un preocupante tratamiento judicial del régimen de visitas a hijos e hijas menores en casos de maltrato. Preferimos no mencionar, por su extrema gravedad las situaciones que hemos vivido recientemente.
Las alarmas se han disparado y es imprescindible reaccionar para frenar un proceso, el de desprotección de las víctimas, al que nos negamos a asistir impasibles.
La violencia de género, como todos los tipos de violencia, es un acto de voluntad. Los violentos deciden causar daño, como castigo o como coacción, a las mujeres con quienes tienen o han tenido una relación afectiva. Sin embargo, se desconfía de las víctimas o se justifica al agresor con mayor frecuencia que en otros delitos contra la integridad de las personas.
Es esa voluntad de venganza, o de dominio, lo que deben frenar las instituciones, porque no es fácil para las víctimas hacerlo solas, por su implicación emocional con el agresor, por la frecuente falta de testigos o de pruebas, por la dependencia económica y por la resistencia psicológica a verse y reconocerse como víctima de violencia de género.
Las mujeres son doblemente víctimas cuando se pretende, como se ha hecho recientemente, que sean ellas mismas las que adviertan del riesgo, en lugar del sistema judicial o la policía.
Cuando los poderes públicos no reaccionan, debe hacerlo la sociedad. Por eso decimos:
- Que peligra la lucha contra la violencia de género, no sólo por la reducción de los presupuestos del estado destinados a estos fines, que ha sido importante, sino también por el desmantelamiento de las políticas de igualdad, y por la renuncia a impulsar la aplicación de la ley de violencia de género.
- Que los operadores jurídicos y policiales deben revisar de forma crítica sus actuaciones.
- Que es una obligación de los gobiernos democráticos encontrar formas efectivas de lucha contra la violencia de género, como lo es promover la efectiva igualdad entre los hombres y las mujeres.
- Que constituye un deber ciudadano sumarse a todas las iniciativas dirigidas a frenar la violencia de género y a construir un futuro basado en la igualdad entre mujeres y hombres.
- Y que es obligación del Gobierno de España, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, organizaciones sociales y políticas, escuchar este llamamiento, reflexionar sobre lo que está ocurriendo, y contribuir a la toma de conciencia de la situación y a la adopción de medidas que permitan avanzar en la erradicación de la violencia de género.
La voz de las víctimas se ahoga en las instituciones públicas que no escuchan, ni actúan con eficacia. Debemos ser su voz. Hagámoslo.
Saludos feministas,
Tertulia Feminista les Comadres
Mujeres por la Igualdad de Barredos
